El caso Álvaro Delgado, ejemplo del privilegio para unos pocos que alienta Lacalle

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En el debate presidencial del día miércoles (13), Martínez trajo a colación uno de los tantos casos de corrupción que rodean a Lacalle, como ejemplo del país que no deseamos para las y los uruguayos.

“Todos sabemos que hace poco, vía judicial, el gobierno logró recuperar un campo que tenía el senador Álvaro Delgado desde 1997, momento en que era secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas” recordó Martínez. Delgado no cumplía con ninguna de las condiciones necesarias para esa asignación de tierra, ya que el Estado ayuda a quienes van a radicarse y a trabajar en el territorio, pero en este caso, “como ocurría en esa época”, fue recomendado a través de una tarjetita, por “ser secretario del ministro” explicó Martínez.

“Yo creo que hay que dar el ejemplo. Ese no es el Uruguay que quiero. Yo quiero un Uruguay donde haya igualdad de oportunidades y donde no haya privilegios para nadie” aseguró el presidenciable frenteamplista.

A pesar del reclamo de Lacalle, Martínez aseguró que “esto está probado y la justicia le retiró hoy el campo que tenía, en Paysandú, porque estaba incorrectamente dado”.

Efectivamente, como surge de la información pública, registrada en el Instituto Nacional de Colonización (INC), el 28 de noviembre de 1997 se le adjudicó a Álvaro Delgado la fracción de 366 hectáreas en el departamento de Paysandú, con una renta subsidiada 50% menor a la de mercado.

Luego, en 2011 el INC le aplicó una renta diferencial para permitirle corregir los incumplimientos a las obligaciones que tenía como colono: no residencia, no explotación directa, y además tener otras actividades que van en desmedro de la atención de las tierras, ya que desde hace más de 18 años Delgado se desempeña en funciones publicas, siendo Inspector General de Trabajo del MTSS en el año 2000, diputado por Montevideo durante 10 años (de 2005 a 2015) y senador de la República en el último período, reelecto actualmente.

En este sentido, y tras un plazo prudencial, en 2017 se hace una revisión de los casos con rentas diferenciales, como el suyo, se va resolviendo cada caso y en el mes de noviembre se le da vista al expediente de Delgado dando lugar a los descargos correspondientes, llegando a rescindir el contrato por parte del Directorio del INC en abril de 2018 (con el voto en contra del director del Partido Nacional; Rodrigo Herrero, claro está).

A pesar de la actuación ajustada a derecho, Delgado no tomó a bien la resolución e interpuso un recurso de revocación a la misma, el cual fue rechazado por resolución del INC, dándole plazo para que entregue la fracción antes del 15 de diciembre de 2018.

El senador nacionalista presentó entonces una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), sin embargo tuvo que entregar la propiedad a fines de 2018 aceptando el pago de las mejoras realizadas en el campo; por las que se le abonó este año $2.384.419 en concepto de indemnización.

En síntesis, Delgado estaba en posesión de estas tierras desde el 1997 a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios para beneficiarse del subsidio como colono. Desde el año 2000 ocupó importantes cargos públicos que se contraponen a lo exigido para ese status, además de no residir en el lugar ni explotar la tierra directamente, causales por las que se le rescindió el contrato.

A su vez, aunque Lacalle pretenda hacernos creer que Delgado entregó el campo por su voluntad, el solo hecho de haber iniciado juicio ante el TCA demuestra su interés por no dar cumplimiento a normativa, cuando ésta le exige abandonar los beneficios que durante casi veinte años ha gozado indebidamente.

Ese es el tipo de país que Lacalle y sus correligionarios tienen en mente; el del amiguismo y el acomodo, el que resulta en beneficioso de unos pocos mientras la mayoría paga el costo.